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Con 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular las modificaciones propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto a la legislación reglamentaria para el combate a la corrupción, la conocida como “Ley 3 de 3”.

Los senadores acordaron modificar el Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas con el objetivo de eliminar la obligación de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.

Los miembros de la Cámara Alta consideraron que esta obligación resultaba innecesaria, debido a “que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción”.

Presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses podría también afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal, agregaron los legisladores.

Luego de que distintos grupos de la sociedad, y en particular los empresarios, mostraran su inconformidad, el pasado 23 de junio, Peña Nieto vetó parcialmente la Ley 3 de 3.

Al hacer pública la decisión, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, informó que el Ejecutivo devolvería al Senado el Artículo 32 incisos “B” y “C” de dicha ley, así como 15 artículos relacionados por considerar que contenían medidas excesivas que afectarían la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción.

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