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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades pueden acceder y almacenar por dos años los datos de los más de 107.1 millones de usuarios de telefonía móvil.

Con la resolución, la corte declaró constitucionales los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

La decisión del Poder Judicial es en respuesta a un amparo interpuesto por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) que va a demandar al Estado mexicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por este resultado.

Además, la Suprema Corte deteminó que la geolocalización en tiempo real no constituye una violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones y, por tanto, no requiere de autorización judicial.

Explicó que este método de búsqueda se limita “a la ubicación de un equipo asociado a una línea telefónica determinada, en el momento preciso en que se procesa la búsqueda”.

Aseguró que instancias de seguridad como la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y autoridades competentes podrán acceder a esta información en casos de amenazas a la seguridad nacional.

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