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Después de dar a conocer los artículos que destacan en la ley 3DE3, distintas organizaciones mostraron inconformidad ante esta ley obliga a que todo individuo o empresa que recibiera o ejerciera recursos públicos, ya fueran los beneficiarios del programa Prospera, un contratista y sus empleados o un becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tendrían que hacer la declaración patrimonial y de intereses.

El Presidente Enrique Peña Nieto tacho de excesivos los planteamientos que se plasman en esta ley, vetándola parcialmente, y pidiendo al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, informó que el Ejecutivo devolverá al Senado el Artículo 32 incisos “B” y “C” de dicha ley, así como 15 artículos relacionados por considerar que contienen medidas excesivas que afectarían la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo se comprometieron a continuar trabajando de una manera clara y transparente para combatir los problemas relacionados a la corrupción, mencionando que “la modificación o eliminación de este artículo no disminuirá la capacidad “de investigar y sancionar” a particulares que actúen de manera irregular.

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